Dominio Mundial: La Guerra Contra El Terror

Por Pedro Baños

Como consecuencia de la guerra de los Seis Días (5-10 de junio de 1967), Israel arrebató los Altos del Golán a Siria.

Desde entonces, Naciones Unidas no ha reconocido esa anexión por parte israelí, habiendo aprobado en 1981 una resolución el Consejo de Seguridad, la 497, que la declaraba nula, inválida y sin efectos legales internacionales.

No obstante, Tel Aviv ha ignorado sistemáticamente a la ONU, es decir, la legalidad internacional, por primar sus intereses nacionales. Para Israel, los Altos del Golán son irrenunciables por concentrarse en ellos una importancia estratégica enorme, comenzando porque son la fuente principal de vitales recursos hídricos fundamentales para su supervivencia.

Desde esas alturas se tiene capacidad para controlar todo el norte de Israel, por lo que no puede dejar que regresen a manos sirias, un país con el que todavía está en guerra técnica desde la guerra del Yom Kipur en 1973. Además, estas tierras, de momento relativamente poco pobladas, son la principal reserva de Israel, pudiendo ser empleadas en el futuro para nuevos asentamientos judíos.

Por otro lado, proporcionan a Israel la poca profundidad estratégica de que dispone ante un ataque proveniente de Siria. Y si se devolvieran al país vecino, Tel Aviv teme que en ellos se podrían asentar grupos terroristas palestinos, apoyados por Hezbolá, que podrían actuar con relativa facilidad sobre su territorio.

EL CASO DE BUSH Y SU GUERRA CONTRA EL TERROR

Quien puede recurrir a la violencia no tiene necesidad de recurrir a la justicia.

Tucídides

Pocas horas después de sucedidos los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente estadounidense George W. Bush dirigió un mensaje a la nación desde el Despacho Oval en el que adelantaba acciones ofensivas tanto contra los terroristas como contra quienes los hubieran ayudado, en el marco de su particular guerra contra el terrorismo. Según Richard A. Clarke, cuando tras el discurso el secretario de Defensa Donald Rumsfeld le hizo notar que el derecho internacional solo permitía el uso de la fuerza para evitar futuros ataques y no como castigo, el presidente Bush le gritó indignado:

«No, no me importa lo que diga el derecho internacional; alguien va a enterarse de lo que es bueno».

Un desprecio a las leyes presumiblemente similar al que debió emplear cuando se le solicitó autorización para instalar cárceles secretas de la CIA por el mundo o para emplear la tortura en el interrogatorio a sospechosos. Como manifestó Fareed Zakaria, durante varios años la Administración Bush se vanaglorió de su desdén por los tratados y las organizaciones multinacionales. Con el tema del terrorismo también se ha jugado en exceso. Las famosas listas de terroristas tanto organizaciones como personas y países patrocinadores del terrorismo están sometidas a permanente arbitrariedad.

Para empezar, no existe un criterio unificado que sea empleado por todos los países u organizaciones internacionales, por lo que se puede estar en unas listas y no en otras, como de hecho sucede.

Además, dependiendo de los intereses de los que manejan las listas, se entra o se sale de ellas sin necesidad de mayor justificación. Así, por dos veces, la UCK albano-kosovar entró y salió de la lista de Estados Unidos. Y lo mismo ha sucedido recientemente con Cuba, después de largos años en ella.

Lo cierto es que estas listas se emplean en muchas ocasiones simplemente para aplicar sanciones a personas y países con objetivos diferentes a los manifestados, como claro instrumento arbitrario de presión. Según Clarke, durante la guerra Irán-Irak (1980-1988), con la finalidad de que Bagdad pudiera solicitar ciertos tipos de préstamos para el fomento de las exportaciones con el respaldo del gobierno estadounidense, la Administración Reagan sacó en 1982 a Irak de la lista de naciones que promovían el terrorismo.

Por otro lado, los analistas franceses Labévière y Thual relatan que, al amparo de los ataques terroristas del 11-S, la Administración Bush construyó una «amenaza global» basada en una continuidad improbable entre la nebulosa Al Qaeda, Hamás, Hezbolá y cualquier otra organización armada.

Esta amenaza llevó al Pentágono a elaborar una doctrina de «respuesta global», que servía principalmente para la promoción de los intereses puramente estadounidenses más que para una eficaz cooperación internacional en materia de contraterrorismo. Transgrediendo el derecho internacional en nombre de los intereses nacionales, la Administración Bush habría banalizado la noción de «guerra preventiva», generando de repente una militarización de las relaciones internacionales sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría.

En el marco de esa misma war on terror, el periodista Seumas Milne comenta que, en 2003, el primer ministro británico Tony Blair aseguró que morirían muchos menos civiles por culpa de la invasión de Irak por fuerzas estadounidenses y británicas que en un solo año de gobierno de Sadam. La realidad era que Amnistía Internacional estimaba que el número de muertes relacionadas con la represión política en aquel momento en Irak estaba en unos pocos centenares al año.

Lo que sucedió fue que en los primeros cinco años posteriores a la invasión murieron entre 150.000 y más de un millón de civiles, según las estimaciones.

EL ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS A SIRIA

Cuando en abril de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump tomó  la decisión de atacar una base aérea siria con el argumento de que de ella había partido el día anterior el avión que arrojó gas sarín sobre la población civil,[27] se apoyó en el segundo artículo de la normativa que le concede los poderes como comandante supremo de las fuerzas armadas estadounidenses.

Si bien la Constitución estadounidense especifica que la potestad para declarar la guerra corresponde al Congreso, el Ejecutivo está dotado de poderes suficientes para defender a la nación en situaciones de crisis, extremas y urgentes, como puede ser por razones de seguridad nacional, autodefensa de la nación o protección de nacionales en el extranjero.

En este sentido, no era la primera vez que en Estados Unidos se interpretaba la normativa para justificar el uso de la fuerza militar en el exterior sin un mandato específico del Congreso, pues en 2011 se había hecho para intervenir en Libia.

La cuestión surge al plantear qué se puede considerar como un contexto en el que esté amenazada de modo grave e inminente la seguridad nacional, de modo que las circunstancias exijan la actuación de la fuerza. Por ello, en realidad los poderes del presidente son mucho más amplios de lo que a primera vista pudiera pensarse. Basta con saber movilizar a la opinión pública, agravando cualquier suceso, para que sea esta la que exija la actuación enérgica e inmediata de la Casa Blanca.

Además, uno de los argumentos que el presidente de turno suele emplear es que no se precisa la autorización del Congreso al ser una operación militar limitada en tiempo y espacio, aun cuando pueda resultar especialmente  potente. La otra justificación habitual a la hora de implementar una operación de esta naturaleza directamente desde la presidencia es ampararse en razones humanitarias, como se hizo en este caso, manifestando que se trataba de evitar que el régimen sirio siguiera empleando armas químicas contra su propia población.

En definitiva, se pudo volver a comprobar que, cuando así se desea, sobran justificaciones, hábilmente creadas, para involucrar al país en una operación concreta, que normalmente va a perseguir fines que nada, o muy poco, tienen que ver con los publicitados.

En el amplio cesto de la seguridad nacional, término tan sumamente ambiguo, cabe prácticamente todo, quedando a la voluntad de los intereses políticos del momento. De atenerse a la de por sí controvertida legalidad internacional, más complejo es justificar una intervención militar en el exterior.

En principio, y salgo en defensa propia, solo se puede realizar una operación militar cuando así lo explicite una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque no ha sido infrecuente actuar con independencia de la ONU: basta recordar el bombardeo de Belgrado por la OTAN en 1999. En el caso concreto de Siria, no solo se carecía de tal resolución, sino que es difícil explicar con un mínimo de rigor cómo un ataque con gas producido a miles de kilómetros de distancia del territorio de Estados Unidos podía afectar directa y gravemente a la seguridad nacional de este país.

Con lo cual, parece que solo quedaría el tan manido argumento humanitario. Pero no sería más que una muestra más de la absoluta hipocresía que significan las relaciones internacionales, pues cuando en Siria se llevaban acumulados al menos medio millón de fallecidos desde que comenzó el conflicto hacía ya seis años, por no mencionar los millones de desplazados y refugiados viviendo en condiciones infrahumanas, de repente parecía que la forma de morir fuera más importante que el número de muertos.

En consecuencia, no se puede desprender otra conclusión más que simplemente se actuó por otras razones espurias, en las que bien podrían entremezclarse la política interna estadounidense y advertencias geopolíticas, dirigidas muy probablemente a los grandes competidores geoestratégicos de Estados Unidos -China y Rusia y en menor medida a quien estaba dominando buena parte de Oriente Medio, en contra de grandes aliados de Washington: Irán. Por otro lado, es importante señalar que la Resolución 2249 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 2015, por la que se acuerda una respuesta coordinada contra el autodenominado Estado Islámico y Al Qaeda y sus filiales en Siria, por considerarlos grupos terroristas que presentan una amenaza mundial sin precedentes para la paz y la seguridad internacionales, en ningún caso autoriza a país u organización internacional alguna a atacar a fuerzas o capacidades de un Estado soberano como es Siria.

Esta resolución es bastante ambigua, pues no concreta las acciones que se pueden llevar a cabo contra los mencionados grupos terroristas, y menos aún determina qué países u organización internacional pueden ponerlas en práctica, como sí ha sucedido en ocasiones precedentes similares.